Resumo
Este artigo argumenta três elementos mutuamente interligados: (i) a desproporcionalidade das penas no direito penal colombiano é uma estratégia que tem sua gênese na luta contra os grupos subversivos, particularmente contra as Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo), que depois de 1990 massificaram a prática do sequestro; (ii) que a permanência e a estabilização da tendência de aumento de penas no direito penal colombiano se deve à transferência de condutas associadas ao conflito para criminosos "comuns"; e (iii) que a persistência da desproporcionalidade penal se deve ao surgimento de novos sujeitos de controle social, em especial homens jovens e pobres e predadores sexuais. Para sustentar esses argumentos, o artigo explora os limites das penalidades impostas pelo Código Penal de 1980 para mostrar como elas começaram a ser ampliadas na década de 1990, especificamente por meio do Estatuto Antissequestro. Em seguida, mostra como essa tendência se estabilizou com o surgimento de novos sujeitos de controle social que legitimaram o discurso da (in) segurança do cidadão.
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