Resumen
El presente artículo a partir de bases jurídicas y doctrinales, precisa la obligación que recae sobre la administración de realizar una fundamentación argumentativa que justifique la restricción de un derecho, obligación que deviene del principio de proporcionalidad el cual es analizado a partir de su desenvolvimiento histórico y de las diversas posturas que frente a él existen en la filosofía del derecho.
Se realiza un ejercicio frente al acto administrativo de llamamiento a calificar servicios en el cual se analiza la colisión de dos principios: el deber de motivación y la jerarquía funcional. Aplicando la teoría de la comunicabilidad constitucional con el fin de establecer la relación dialéctica, en el plano constitucional-internacional de los derechos fundamentales, mediante el principio de proporcionalidad, cumpliendo un desarrollo argumentativo, con el fin de ofrecer o explicitar elementos estructurales en las decisiones jurisdiccionales.
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