Abstract
The Constitutional Court in Sentence C-161 of 2016 determined that the differential treatment of the right to reparation to members of the public force as victims of the armed conflict is constitutionally acceptable. With this ruling, it is consolidated the criminal-dogmatic dimension that prevails in all legal institutions over members of the public force, both in International Law and in domestic legislation (Law 1448 of 2011) when affirming that they are not susceptible of the same treatment of reparation for being considered warlike actors, and that reparations arising from violation of International Humanitarian Law are only acceptable within the framework of their special treatment. In effect, it is necessary to study the generic concept of victim from the Victim Law approach, as a necessary proponent to humanize the legitimate exercise of those that protect democratic institutions and preserve the monopoly of weapons, through a legal framework of character special for the integral reparation of all members of the public force equivalent to civilian victims.
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