Abstract
This paper presents a detailed analysis on the evolution of the regulatory framework, jurisprudence, doctrine and postures of the Superintendent of Public Services for the past 10 years, related to the topics of the sanctioning power that residential public utilities companies in Colombia attribute themselves against users of electrical service, and the administrative action developed by the provider companies, due to the detection of anomalies that constitute fraud in the electrical connections and measuring equipment. This, in order to show that there is a legal loophole regarding the matter, and this has generated great controversy between companies and residential public utilities users, who have been violated in their economic interests by paying the pecuniary sanctions imposed.
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