Una mirada a las Madres de Soacha: expresiones de transnacionalización de la resistencia en cuerpo de mujer en el marco del conflicto armado colombiano

Una mirada al conflicto colombiano desde la perspectiva de las nuevas guerras

El conflicto colombiano permite diversas interpretaciones a la luz de las características implícitas en el fenómeno denominado como nuevas guerras (Kaldor, 2001) (permeado por algunas lógicas de la globalización, tales como la transnacionalización y privatización de la violencia), sin embargo, resulta insuficiente para entender otras lógicas y particularidades que han sido ya analizadas en la literatura existente sobre la dinámica del conflicto armado y la violencia en el país. Por lo anterior, en este acápite revisaremos las dos perspectivas y evaluaremos hasta dónde son complementarias para una mejor comprensión de los fenómenos analizados en este artículo.

El concepto de ¨nuevas guerras¨ desarrollado por autores como Kaldor (2001) y Münkler (2005), implica cuestionarse acerca de una serie de transformaciones e indistinciones entre varios fenómenos: lo local y lo global, lo político y lo económico (el carácter político de la violencia), lo legal y lo ilegal, lo estatal y lo paraestatal, entre combatientes y no-combatientes, en singular el concepto advierte que la violencia es ejercida contra personas individuales por Estados o grupos políticamente organizados. Un aspecto que merece resaltarse es que ya no aplican los elementos centrales que buscaban regular los conflictos precedentes, desde la conformación de los Estados nación hasta la Guerra Fría: territorialidad, legalidad, uniformes, entre otros. Por ello, el uso del adjetivo ¨nuevo¨ se refiere a la materialización de actores, tendencias y formas de violencia que antes no habían sido visibles o no existían de conformidad con lo expresado por García (2013).

Este concepto sugiere que las fricciones violentas interestatales parecen haber alcanzado su fin, pero la violencia no ha desaparecido, tan sólo se ha transformado y sigue en búsqueda de un nuevo sujeto contra quien manifestarse y una novedosa imagen y configuración como actor armado. En consonancia, bajo la interpretación de Kaldor (2001) la conflictividad contemporánea está caracterizada por la aparición de nuevos actores políticamente organizados que ejercen la violencia de manera privada y hacen parte de actores no estatales, el involucramiento de la población civil es creciente y su orientación fundamental es emocional: generación de odio y miedo. Estas transformaciones corren paralelas al proceso de globalización en el cual la multiplicidad de actores que están interconectados transnacionalmente generan amenazas globales, o para usar la expresión de Beck (1998), amenazas “glocales” (p.p. 102 y ss).

Desde esta última óptica en las nuevas guerras no existe una clara línea divisoria entre el conflicto de carácter e interés político y económico, así como tampoco existe una distancia entre los medios político-económicos y político-sociales. Se resalta también que el cartesianismo o lógica binaria entre lo local y lo global, lo estatal y no estatal, lo legal e ilegal, como lo advierte Kaldor (2001), se desdibuja para al final visibilizar un panorama en el cual se combinan todos los elementos y se retroalimentan. Pero aún lo más preocupante de esta caracterización, es que el sujeto político frente al que se manifiesta y respecto al cual se ejerce la violencia es la población civil, considerada de manera individual, o por medio de grupos organizados políticamente.

Ahora bien, la violencia ejercida hacia la población civil no es una característica exclusiva de las nuevas guerras. Vale recordar que en el marco de la Guerra Fría varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, modificaron su doctrina desde la idea de “seguridad hemisférica” a la de “seguridad nacional”, en la cual la defensa se torna alrededor del enemigo interno donde las instituciones militares recibieron entrenamiento en actividades contrainsurgentes por parte de asesores norteamericanos como William Yarborough, según lo expresado por Chomsky (2016). No hay que olvidar que durante la década de los años 60 en Colombia se promulgó el Decreto 3398 de 1965 (Congreso de la República, 1965) con el objeto de propiciar el entrenamiento, organización y dotación de armas a civiles por parte de las fuerzas armadas, vigente en su esencia hasta 1986 pero presente a través de las cooperativas de seguridad Convivir durante los años noventa y, subrepticiamente, en el apoyo tácito al fenómeno paramilitar en tiempos recientes.

En este sentido, los conflictos de última generación han estado marcados por tópicos como la privatización y transnacionalización de la violencia, lo que ha puesto de manifiesto que el carácter político de las guerras aún se mantiene, aunque estas mismas estén marcadas por el control de los recursos y la riqueza económica, acompañada de la conquista de espacios de poder, lo que marca una nueva forma de politización. Así, la arbitrariedad y el espectáculo del poder sobre la vida en lo que Segato (2013) denomina naturaleza ficcional del Estado de Derecho, donde la verdad es objeto en disputa y aquellos que deben experimentar los crímenes de guerra son los excluidos que terminan desplazados y expulsados hacia las barriadas latinoamericanas. Se hace tangible la discriminación e invisibilización multidimensional producida y alimentada por las fuerzas represivas del Estado contra sus disidentes.

También hay que mencionar la creación de referentes identitarios (locales, regionales o nacionales) que permiten una nítida diferenciación entre “ellos/nosotros” o la creación de un “exterior constitutivo” entendido como “toda identidad (que) se construye a través de parejas de diferencia jerarquizadas” (Mouffe, 1999, p. 15) y que hará propicios los escenarios de explotación emocional: patriotismo, moral, superioridad y bondad. Por ello, “la nueva guerra pretende construir un entorno desfavorable para todos aquellos a los que no se puede controlar” (Kaldor 2001, p. 129).

A propósito de la incidencia de la guerra en la población civil para el caso colombiano, la práctica denominada como “falsos positivos” ascendió a más de 3 mil casos según lo reconoció José Miguel Vivanco (2017), constituyéndose en una expresión muy particular de estas nuevas guerras en las cuales los beneficios económicos o personales (ascensos) fueron parte de las compensaciones, el tráfico de personas y secuestro realizado para el reclutamiento forzado y la compra-venta de armas y material de intendencia, convertidas en actividades sistemáticas que pusieron en evidencia cierta mercantilización de la guerra según lo ha relatado la revista Semana (2009). En este sentido, Münkler (2005) afirma que la economía política de las nuevas guerras es autótrofa, se reproduce y se prolonga en periodos de violencia y conducta criminal relacionadas con actividades económicas, así entonces, se ha favorecido una serie de negocios como el tráfico de armas, tráfico de drogas, explotación y comercialización de materias primas y mercantilización de cuerpos humanos, sin reducirse exclusivamente al tráfico ilegal de migrantes o tráfico de personas, ni operar al estilo del sicariato y bandas de crimen organizado transnacional.

Colombia experimentó la mercantilización de cuerpos de civiles ejecutados de manera extrajudicial pero presentados como bajas en combate, esta práctica permitió visibilizar el ejercicio de la violencia sobre la población civil y su contraprestación en beneficios y dádivas económicas para las fuerzas en disputa, particularmente las Fuerzas Militares. Cabe resaltar que en estas nuevas guerras los diversos actores armados involucrados están configurados por la búsqueda de seguridad pública, o lo que en Colombia se denominó política de seguridad democrática (2002-2010), que en tareas de discrecionalidad bélica actúan de forma alineada con el discurso gubernamental del ejercicio de la defensa de la seguridad nacional.

Así entonces, es oportuno indicar los diversos intereses de las fuerzas militares, entre ellos el económico, por demostrar resultados eficientes en el marco de la lucha contrainsurgente. La noción de nuevas guerras brinda una potente herramienta para comprender la forma en que el conflicto armado colombiano incorporó entre sus dinámicas la criminalización de elementos determinantes del Estado y sus Fuerzas Militares, en esa línea es un conflicto no convencional puesto que está caracterizado por incluir nuevas estructuras bélicas (incorporación de actores armados por fuera de la ley), o lo que Segato (2013) denomina como informalización de las guerras (p.p. 20 y ss).

En consecuencia, la degradación del escenario de la confrontación pasó en su momento no solo por involucrar población civil, sino como se infiere de las declaraciones de un testigo, por consolidar una “red criminal que había hecho de las ejecuciones un negocio” según fue publicado en la revista Semana (2009, párr. 21). Los llamados “falsos positivos” demostraron la combinación (o estrecha indistinción) del uso legal del monopolio de la violencia por parte del Estado con la actividad económica dentro de marcos legales e ilegales. Sin embargo, las nuevas guerras están caracterizadas por la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado, en el caso de Colombia el ejercicio de mercantilización de la violencia contra civiles evidenció que quienes empuñan las armas pueden verse inmersos en una búsqueda pragmática de un sustento económico, o cualquier otra prebenda, lo que resulta en el aumento indiscriminado de la violencia, sumado a un componente simbólico aún por dilucidar sobre quién es prescindible en el marco de la construcción de lo social.

En este escenario de progresivo involucramiento de la población civil en la confrontación, lo que ocurrió básicamente es que:

Miembros del Ejército regular de Colombia asesinaron sistemáticamente a civiles para presentarlos como guerrilleros o integrantes de bandas criminales caídos en combate con el fin de engrosar los "resultados operacionales" que les otorgan reconocimiento de sus superiores y recompensas por buen desempeño (Duque, 2009, párr.13).

Sin embargo, lo que no parece tan claro es por qué razón se permitió la degradación de la confrontación hasta esos límites, con qué criterio se seleccionó a las futuras víctimas y por supuesto, qué efectos pudo haber generado en el plano nacional e internacional. Lo que no genera mayor discusión, es que la violencia “se utilizaba para dominar a las poblaciones y no para ocupar terreno” (Kaldor 2001, p. 71).

De las reacciones más cuestionables al respecto hay que mencionar la del entonces Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien sugirió que las demandas estaban siendo interpuestas por ONG internacionales “con sesgos ideológicos”, con falsas acusaciones y con el claro propósito de deslegitimar su política de “seguridad democrática” según trae a colación Duque (2009). Pero más allá del intento de manipulación mediática o lo que hoy se denomina fake news, lo que trasluce su poca elegante intervención es que se generó cierta articulación entre demandas reivindicativas alrededor de los derechos humanos. Hay que recordar que por el llamado “bloque de constitucionalidad” y el artículo 93 de la constitución de 1991, los tratados internacionales ratificados por el gobierno nacional forman parte de la legislación y acatarán estricto cumplimiento. Por ello, los crímenes de guerra, la violencia ejercida contra la población civil (protegida en el marco de la legislación internacional), las ejecuciones extrajudiciales y otra serie de crímenes, generaron reacciones críticas en el escenario internacional. Así, de acuerdo a lo expuesto por Duque (2009) se inició un proceso de reasignación de recursos internacionales para el fomento de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Algunas ONG, como Amnistía Internacional (2010) empezaron a investigar los casos mencionados, se construyeron redes de apoyo a través de organizaciones surgidas de la resistencia a dictaduras del Cono Sur, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y se contribuyó a la visibilización mediática y académica del fenómeno.

Lo anterior muestra la manera como la transformación del conflicto fue generando una serie de nuevas dinámicas orientadas hacia su creciente degradación, involucramiento de población civil y variados nexos económicos (i). legales. Sin embargo, es preciso auscultar otras miradas que contribuyan a la complejización del fenómeno estudiado.

Otras miradas al conflicto armado

Un breve recorrido por algunas de las interpretaciones más importantes de la historiografía y la ciencia política nacionales, invita a reflexionar sobre las dinámicas y particularidades del conflicto armado, reconociendo que todavía hay mucho por decir sobre la construcción de nuevas subjetividades en el marco de la confrontación y las formas como se va creando una atmósfera de miedo e incertidumbre, de naturalización de la violencia, de imposición de un sistema económico que quiebra los vínculos de solidaridad reproduciendo lógicas de legitimación de esa violencia. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, en el marco de este ejercicio del poder se generan prácticas resistentes y propiciadoras de nuevas formas de tejido social. En esta sección se buscará aspectos complementarios desde otras lecturas e interpretaciones que no se circunscriben, necesariamente, a las derivadas de la noción de nuevas guerras, pero que abren un escenario propicio para el diálogo e intercambio epistemológico.

En esta perspectiva se puede afirmar que la guerra en el mundo contemporáneo se encuentra “menos encaminada a la destrucción general del enemigo y más inclinada a la transformación o incluso la producción del enemigo” según han desarrollado Hardt y Negri (2006, p. 63). La actual etapa de globalización ha estado caracterizada por “la doble vía” como la denomina Castells (1997), es decir, a pesar que el discurso hegemónico invite a la aceptación de las diversas formas de vida, cultura, religión, orientaciones políticas y sexuales, hay una tensión contradictoria y coexistente que niega la posibilidad de construcción y desarrollo de una sociedad justa con una amplia aceptación de la diferencia, y a pesar que en el mundo los conflictos bélicos hayan disminuido después del fin de la Guerra Fría, aún parece una constante el enfrentamiento violento, un capítulo reciente de la reconfiguración del criterio frente al otro,, de la lógica de amigo-enemigo que según Schmitt (2009) caracteriza la política moderna que no solo se presenta como una constante en Colombia, sino que es un patrón entronizado en esta época de globalización.

Esta lectura no pretende negar que la eliminación del opositor ha sido una práctica recurrente en la historia política colombiana, pero la materialización de ciertas prácticas violentas no concluye con la muerte o desaparición del sujeto señalado desde ese mismo poder como amenaza, sino que hay que recrear escenarios donde sea posible perpetrar el hecho violento en sí mismo para normalizarlo. En esta orientación se debería iniciar la compleja comprensión de las dinámicas de paz y guerra en la historia más reciente del país. El péndulo ha oscilado entre uno y otro vector de manera reiterativa al menos desde finales de los años 70, coincidiendo con cambios mundiales que, entre otras cosas, imposibilitan hoy una delimitación clara entre las fronteras de la guerra y de la paz. El informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015) es un oportuno ejemplo de ello. Cuando se abordan los orígenes, causas, impactos, desarrollos y prospectiva del conflicto armado en Colombia, es imposible e indeseable ubicar una sola explicación que pueda dar cuenta general de los procesos ocurridos. Esto es, la multidimensionalidad del fenómeno del conflicto armado implica reconocer y problematizar diversos escenarios de confrontación y de expresión del mismo.

El argumento subyacente es que Colombia atravesó por un profundo conflicto armado con complejas causas sociales, políticas, económicas y culturales, que a su vez se dinamizó en múltiples matrices gestantes y reproductoras de violencia, y en particular en sus más contemporáneas expresiones, posibilitó la generación de unas nuevas formas de expresión de esa violencia que segrega socialmente bajo la construcción de barreras visibles e invisibles con fuertes contenidos de corte clasista, racista y de género.

Para complementar esta primera caracterización vale la pena cuestionar siguiendo a Eduardo Pizarro (2004), cómo se puede comprender el tipo de confrontación que se ha presentado en el país, si se trata de una guerra civil, una guerra contra la sociedad, contra el terrorismo, una guerra ambigua en su denominación y prácticas, o una mezcla de todas las anteriores. Hay que reconocer que éstas son las lecturas predominantes que se han presentado desde las ciencias sociales en el país de cara a la interpretación del conflicto armado, y sin pretender negar su importancia, lo central en ellas será la reconstrucción de los hechos y su judicialización, las violaciones al DIH, a los Derechos Humanos, los traumas y experiencias de la guerra, los impactos sobre la economía, entre otros. Es necesario señalar en esta perspectiva varias cosas: la guerra en cualquiera de sus expresiones es más que su componente exclusivamente militar, pues presenta diversos impactos sociales. La interpretación moderna concibió la guerra como una expresión de la soberanía estatal con control territorial y, por lo tanto, sólo era posible entre unidades estatales (lo que hoy repercute en cierta legitimación de la violencia estatal). Sin embargo, el declive en la soberanía de los Estados-nación también ha posibilitado que la guerra sea un elemento por considerar hacia el interior de los mismos Estados bajo el auge de planteamientos identitarios y nacionalistas. En un escenario caracterizado según Hardt y Negri (2006) porque “la guerra se está convirtiendo en un fenómeno general, global e interminable” (p. 23), también se puede estar propiciando una altísima correlación y difusión entre las diversas definiciones de este fenómeno, incluso estos autores mencionan que “todas las clases de violencia se difuminan. La guerra en sí es lo que nos oprime por muchas distinciones que ensayemos” (Hardt y Negri, 2006, p. 55). De lo que se trata es de concebir un sustrato de ejercicio del poder y la dominación donde la violencia pretende ejercer funciones de control por medio del miedo como mecanismo difusor por excelencia: guerra contra las drogas, contra el terror, contra el comunismo, contra los bárbaros, contra todo aquello diferente.

El tránsito al siglo XXI no ha logrado solucionar estos diversos problemas, por el contrario, los desafíos contemporáneos son producto de los retos anteriores, pero en una versión transformada y evolucionada que se presenta como amenazas no sólo locales, sino regionales y transnacionales. En este sentido, es importante mencionar que la lucha contra el terrorismo establecida como amenaza global a partir del 11-S, condujo a que los actores estatales alinearan y acoplaran su política doméstica de seguridad respecto al discurso internacional. De esta manera se securitizó la agenda interna que para el caso colombiano adoptó la política de seguridad democrática bajo las administraciones Uribe (2002-2010) y la importante colaboración de los Estados Unidos en términos de asistencia militar.

Este apoyo si bien data desde la mitad del siglo XX presentó su mayor auge en el marco del Plan Colombia, donde a partir de un programa de asistencia militar y económica se buscó que el Estado colombiano se fortaleciera para combatir de manera más efectiva las amenazas del narcotráfico y las insurgencias. Este paquete de ayuda otorgado por Washington brindó un 80% de los recursos del Plan para requerimientos estratégicos de lucha contra las drogas y el 20% restante se destinó a apoyo social y económico como lo establece Tickner (2004). En cifras más exactas la asistencia militar pasó de 309.7 millones USD en 1999 a 771.5 millones USD en 2001, pues de los 1.300 millones USD para el Plan Colombia la mayoría se destinó al sector militar según el informe presentado por el Movimiento de Reconciliación FOR y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos CCEEU (2014) al respecto.

En consecuencia, la llegada de Uribe a la presidencia se contrastó con el imaginario de la amenaza regional y hemisférica que representaba el conflicto armado colombiano para el continente y la región latinoamericana, y tanto la complacencia y oportunidad política nacional como las presiones de la administración Bush, condujeron a que el discurso gubernamental se adhiriera al tono norteamericano de la amenaza terrorista internacional. Este momento histórico coincidió con el fracasado Proceso de Paz entre la administración Pastrana y las FARC (1999-2002), de manera que la narrativa del gobierno de entonces de negar el conflicto armado interno y a cambio mencionar la amenaza del “narcoterrorismo” que significaban las FARC, generaron un panorama de alineación política entre Bogotá y Washington de acuerdo a lo expuesto por Tickner (2004). De hecho, en la Conferencia de México sobre seguridad hemisférica realizada en 2003, Colombia fue uno de los Estados que apoyó y reconoció enérgicamente el terrorismo como la primera amenaza a la seguridad regional de acuerdo a lo recogido por la OEA (2006). Con este gesto, el gobierno colombiano no sólo legitimó y extendió la lógica de su política exterior securitizada, sobreponiendo esta amenaza por encima de desafíos como el narcotráfico, la desigualdad y el crimen organizado transnacional, sino que adicionalmente apoyó de manera oficial a Estados Unidos en la lucha por la seguridad internacional.

Esta identidad compartida por los dos gobiernos frente a la “lucha antiterrorista”, promovió que para noviembre de 2002 el gobierno Bush autorizara una misión de Estados Unidos en Colombia que incluía además de operaciones antidrogas, operaciones antiterroristas que contenían capacitación, helicópteros y equipo para la lucha contrainsurgente, tal y como se presentó en el informe del Movimiento de Reconciliación FOR y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos CCEEU (2014). En este sentido, la interconexión de las FFMM domésticas con el resto del mundo a través de la cooperación e intercambio militar con Estados Unidos, cristalizan el proceso de transnacionalización de las FFMM basado en las alianzas con ejércitos extranjeros, que según lo expresado por Kaldor (2001), también son características de las nuevas guerras.

Sin embargo, el contexto presentado no es aún suficiente para entender lo que ocurrió en términos del creciente involucramiento de la población civil. Precisamente, si bien es necesario reiterar que “en alguna medida todo conflicto armado más o menos intenso conlleva una ‘guerra contra la sociedad’” (Pizarro 2004, p. 66) en el sentido que la población civil es convertida en rehén colectivo de un conflicto en degradación, no se puede utilizar sin más la noción en contextos históricos cambiantes y en conflictos de larga duración, pues la sociedad puede ser parte activa de la confrontación de maneras novedosas: el patriotismo o la legitimación del paramilitarismo. La anterior es una lectura de la cual parece percatarse el mismo Pizarro (2015) en un texto posterior, pues allí sostendrá que todo conflicto armado prolongado produce efectos sobre la sociedad, ya que “se genera una desconfianza profunda entre los ciudadanos, los adversarios comienzan a ser calificados y percibidos como enemigos absolutos y, en este contexto, surgen teorías y prácticas sociales que justifican el aniquilamiento del otro” (Pizarro, 2015, p. 89). Adicional a ello, nada más lejano y abstracto que una guerra contra el terrorismo producto de intereses exógenos y con claros tintes políticos de deslegitimación del adversario donde toda acción contra el establecimiento es considerada terrorista, pero no así las acciones criminales del Estado cuando ejerce violencia o “crímenes de poder” como les denomina Segato (2016), incluso mediados éstos por intereses económicos y materiales como fue explícito en la directiva ministerial 029 de 2005 (Ministerio de Defensa Nacional, 2005) . Asimismo, se debe mencionar el carácter ambiguo de la confrontación donde se busca despolitizar el conflicto al entremezclar una lucha contrainsurgente con una lucha antinarcóticos, y hacer ver este último problema, el narcotráfico, como la causa de todos los demás. Al igual que en la caracterización anterior del terrorismo, uno de los rasgos descriptivos es tomado por explicación general.

Pero más allá de las definiciones aproximativas y taxativas que poco aportan a la comprensión de la realidad, estas diversas clasificaciones parecen no prestar atención suficiente a la producción de subjetividades al interior de un colectivo social enmarcado en lógicas de confrontación, negación y marginación de la alteridad, y es en este punto donde puede vislumbrarse mejor los nuevos derroteros de la confrontación y, en particular, los efectos que han generado las características destacadas previamente y enmarcadas en el concepto de nuevas guerras. Ahora bien, es posible afirmar que esta situación implicó algún tipo de respuesta o reacción por parte de la población victimizada, y a la vez motivó formas de organización y articulación con otras formas de acción política y social, que trascendieron de lo local a lo transnacional.

Una acción de respuesta desde la población civil: las madres de Soacha

Las madres de Soacha son un colectivo social que surge del contexto de violencia y degradación descrito en las páginas anteriores. Su nombre fue el epíteto que los medios de comunicación empiezan a utilizar desde septiembre de 2008, una vez se hacen visibles ante la opinión pública los crímenes de Estado bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales, y que responde a un colectivo cuya dinámica organizativa no da cuenta de un tipo claro de estructura (inorgánica), pero que no por ello ve reducida su importancia. Se trataría de un movimiento social que recoge elementos de lo que Offe (1996) menciona como características de los nuevos movimientos sociales, especialmente el tema de erigirse en una categoría intermedia entre lo “público” (sus demandas) y “lo privado” (su dolor). Pero también es posible observar elementos difusos como su composición de clase, pues no es un elemento central ni trascendente en su conformación, aunque en el imaginario social se alimenta un escenario de marginación y exclusión hacia los habitantes del municipio de Soacha cercano a Bogotá, habitado por unos 400 mil habitantes aproximadamente, caracterizado por una generalizada ausencia de recursos públicos, dificultades de acceso a la educación, inestabilidad laboral y barrera de acceso a los servicios sociales. De igual manera, ha sido uno de los municipios “receptores” de un mayor número de población desplazada de manera forzosa en el marco del conflicto armado, que a su vez, ha impuesto el predominio de hogares monoparentales con jefaturas maternas. Precisamente, “reclutar” jóvenes de esta localidad para mostrarlos como integrantes de grupos armados al margen de la ley dados de baja en combate, muestra que fue una actividad sistemática contra población vulnerada por su condición de pobreza y marginalidad. Como afirma Bernal, se trató del:

[…] asesinato de jóvenes inocentes que no tenían inclinación política ni eran militantes de ningún grupo insurgente. Es un sistema que venía ocurriendo con gente indígena, afrocampesina, raizal, pero que posteriormente se amplió a ciudades, municipios o barrios desfavorecidos donde, lamentablemente, el Gobierno colombiano no es generador de oportunidades ni de estudio ni de trabajo ni de techo digno para las familias (2016, párr.4).

La ocupación de los “cuerpos frágiles, [que] no son cuerpos guerreros” en el escenario de las nuevas guerras según plantea Segato (2013, p. 23), se convirtió durante el conflicto armado colombiano en un objetivo estratégico durante la prolongación de la violencia. Así entonces, a pesar de que las madres de Soacha no fueron violentadas de manera física, si han sufrido la violencia al experimentar la profanación de sus cuerpos a través del dolor causado por el daño material y moral del asesinato de sus hijos.

En las nuevas guerras el propósito de los diversos grupos violentos no es el fin de la confrontación sino la prolongación a largo plazo del proyecto de guerra. En consecuencia, durante la extensión de la conflictividad armada en Colombia, parte de esa violencia se ha escrito en el cuerpo de las mujeres, y estas madres que no se resignan a dejar en la impunidad el asesinato de sus hijos se manifiestan como una resistencia que desde lo particular se erige contra esa amenaza colectiva de desposesión, agresión y captura de la construcción de la verdad, pues los falsos positivos buscaban escribir en el cuerpo de las víctimas materiales (hijos asesinados de manera extra judicial), así como en las víctimas morales (madres), un mensaje de eficacia estatal en la lucha contra la subversión. Este escenario generó una expresión más de resistencia ejercida desde los espacios de la sociedad civil.

La sociedad civil moderna es entendida, en este texto, como un espacio de autonomía social y de constitución organizacional que reclama independencia tanto del Estado como del mercado. La noción se revaloriza en la década de 1970 a través de la expansión de la lucha por la democracia y los derechos humanos, en particular, por los procesos de transición democrática en algunos países de América Latina. Pero más allá de las múltiples divergencias de cada proceso mencionado y de la enorme “elasticidad semántica” atribuida al concepto de sociedad civil según Bejarano (1998, p. 5), es posible reconocer un núcleo común que se expresaría en los siguientes elementos de acuerdo a lo expresado por Cohen y Arato (2000) en su ya clásico texto: 1. esfera diferenciada o incluso opuesta al Estado, 2. puede incluir redes de protección legal, asociaciones voluntarias y formas de expresión pública independiente, 3. algunas expresiones incluyen a la familia y los grupos informales, otras comprenden a los movimientos sociales y otras pretenden la despolitización del concepto, como los discursos que se centran en el mercado.

La concepción de la sociedad civil contribuye a una redefinición de la política donde el referente será la profundización de la “estructura democrática en términos no de sus valores sino en términos de su eficacia para obtener fines colectivos, y de recuperar el espacio de lo público como no-idéntico al Estado” (Bejarano, 1998, p. 9); este autor reconoce que la concepción “no se agota en la ‘civilidad’ ni en la promoción de valores comunitarios sino que intercepta diversos ámbitos de la realidad política” (Bejarano, 1998, p. 11) como una forma de trascender los estrechos marcos de representación política a través de los partidos, particularmente, en lo que tiene que ver con la construcción y consolidación de la democracia, lo que implica proyectar su importancia en el marco de la negociación de conflictos, o como expresión concreta de la lucha respecto a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición como en el caso que se analiza.

Por otra parte, se ha prestado una especial atención a la articulación de la sociedad civil nacional en referencia a sus correlatos ubicados en otros espacios geográficos para arriesgarse a postular el concepto de sociedad civil global. En esta línea Kaldor (2011) ha propuesto que existe un escenario complejo de diversas organizaciones, movimientos y actores que no necesariamente constituyen una fuerza uniforme y homogénea en los asuntos de la gobernanza global. No obstante, Hardt y Negri (2005) ya habían expuesto la idea de la suma de luchas y voluntades de sujetos diversos en el mundo para la construcción de un contrapoder más allá del Imperio pero en el seno del mismo, a este nuevo proyecto lo denominaron Multitud, es decir toda aquella población que ha sido excluida de las lógicas del capital. Desde una perspectiva ligada a la de Kaldor, pero redefinida, Massal (2007) defiende el supuesto de la ausencia de una sociedad civil internacional, puesto que existe una fuerte contradicción de objetivos, mecanismos, principios y actores, entre otros, que harían muy difícil la articulación alrededor de un único actor internacional conformado por la suma de sociedades civiles nacionales, y a cambio presenta la noción de Redes de Defensa Transnacional, que están relacionadas con diferentes actores y formas de organización a nivel local que logran una relación estrecha con homólogos en diversas partes del escenario internacional, bajo objetivos y principios compartidos.

En este derrotero, Serbin (2004) advierte que de acuerdo a diversas coyunturas de procesos locales con consecuencias globales y viceversa, puede generarse un conjunto de actores organizados y movilizados transnacionales e inorgánicos que promueven la participación ciudadana orientada principalmente a generar mecanismos correctores de déficit democráticos. Según lo expuesto en este artículo, la transformación del conflicto colombiano ha dado lugar a la redefinición del tejido de diferentes formas de poder y de identidades compartidas que buscan visibilizar formas de lucha proactivas y emancipadas, como el caso particular de las madres de Soacha.

Se advierte la emergencia de novedosas estructuras asociadas en un compromiso hacia los valores humanos que actúan por encima de las fronteras como grupos organizados que procuran presionar al Estado como lo ha planteado Kaldor (2001), como en el caso de las madres de Soacha que han transnacionalizado su lucha para corregir el déficit democrático como se mencionó anteriormente. En este orden de ideas, estas nuevas guerras han dado espacio para la organización de nuevos activismos y movimientos conformados por personas que rechazan la política tradicional, de tal suerte que al ampliar su lucha doméstica y extenderla hacia la consecución de identidades en el terreno internacional, les brinda una forma de movilización y articulación de la sociedad civil desde abajo desde la condición de mujer y madre víctimas de guerra.

En Colombia la emergencia del concepto de sociedad civil está ligado a la lógica de la paz, la resolución política del conflicto armado y la reivindicación como actor autónomo en la consolidación de la democracia. Recuérdese la exigencia en términos de neutralidad por parte del movimiento indígena, campesino y social, así como su permanente apoyo a los procesos de negociación del conflicto armado realizados desde la década de los años ochenta. Hoy cobran importancia también las organizaciones de víctimas que reivindican su condición y luchan por el esclarecimiento de la verdad. Para León Valencia (2002) la sociedad civil puede entenderse como el conjunto de “organizaciones ciudadanas que comienzan a ejercer funciones de interés público, redes que limitan la soberanía del Estado, expresiones sociales que asumen la resolución de problemas que interesan a todos los ciudadanos” (p. 242), y desde luego, una expresión son los movimientos sociales con reivindicaciones específicas que no se plantean el poder del Estado como necesario para generar las transformaciones propuestas.

También se puede observar la recreación del lugar como elemento de identidad y un imaginario compartido como expresión de solidaridad en relación con el ser víctimas directas del conflicto armado y sus dinámicas de degradación. Plantea Offe (1996) al respecto que:

[…] la subjetividad más duradera y los parámetros distintivos de identidad social ya no son la propia identidad como capataz, o médico, o ama de casa, o negociante o protestante, sino la propia identidad en términos de edad y sexo, quizá también de lengua, de origen regional o étnico o del lugar actual de residencia y, naturalmente, la propia identidad como un ser humano viviente con sus ansiedades y vulnerabilidades (p. 183).

En la construcción y visibilización de esos vínculos identitarios, no se debe soslayar el hecho que:

[…] el lugar todavía sigue siendo importante en la vida de muchas personas, quizás la mayoría, si lo entendemos como experiencia de una locación en particular con alguna medida de anclaje (inestable, sin embargo), con un sentido de fronteras (permeables, sin embargo) y de conexión con la vida cotidiana, aun si su identidad es construida, atravesada por el poder, y nunca fija. (Escobar 2012, p. 104).

Aquí convergen lecturas de clase en relación con el conflicto, pues se construyen justificaciones sobre aquellos sujetos prescindibles en función de su lugar de residencia, nivel de estudios, condición social, racial o sexual, lo que implica que las dinámicas propias del conflicto contribuyeron a profundizar cierta segregación social y por lo tanto, mantener y reforzar el statu quo. Por ello resulta clave superar cualquier tipo de reduccionismo en la comprensión del fenómeno, y en ese sentido, se resalta la definición multidimensional que propone Archila (2005) cuando afirma que un movimiento social debe entenderse como "una forma de acción social colectiva que enfrenta injusticias, desigualdades y exclusiones, es decir, que está inmersa en conflictos que abarcan todas las dimensiones de la sociedad y no sólo la económica" (Archila, 2005, p. 74), apreciación que se articula con la percepción de una de las madres para quien la justicia en Colombia termina siendo “precaria, indolente e indiferente” como se registra en la crónica elaborada por Zambrano (s/f, párr. 3 ).

Las madres y familiares de los jóvenes asesinados (alrededor de 18 casos en Soacha pero cerca de 3.500 casos según Mateo (2013) y Vivanco (2017) a nivel nacional), habrían podido seguir sus vidas en el anonimato y la impunidad que caracteriza la historia del conflicto armado en el país según es expresado por uno de los informes del CNMH (2014), pero fue su misma situación de exclusión y victimización, sumado a su condición de mujeres y madres en la mayor parte de los casos, el aliciente necesario para iniciar su propio proceso de transformación en un importante movimiento social, entendido de acuerdo Charles Tilly, como "todo desafío sostenido y organizado a las autoridades existentes, en nombre de la población empobrecida, excluida o víctima de abusos" (citado en Archila, 2005, p. 46). Ahora bien, no se trata de reivindicar la trascendentalidad del sujeto histórico, destinado a erigirse en portavoz de los excluidos. Es su misma condición, tradicional para algunos, lo que resulta determinante en este proceso. Sostiene Archila (2005) en un intento de caracterización del movimiento social que acoge en su seno la lucha de las mujeres que:

Lo que está en el fondo de las tensiones descritas es la importancia que tienen las funciones reproductivas en la mujer, o el papel económico como jefes de hogar en las luchas sociales. Ya decíamos que la construcción de identidad de género se iniciaba generalmente por luchas reivindicativas en los comportamientos de madre, esposa o hija. [...] tenemos la paradoja de que desde posiciones tradicionales se construyen modernas identidades que apuntan cada vez más a una ciudadanía más compleja (p.p. 411- 412).

Es en este escenario de transición y transformación en el cual su dolor privado empieza a tomar un cariz político claramente definido: se busca fundamentalmente la reivindicación de los nombres de las víctimas, las identidades y la visibilización de los hechos, pero también un escenario de paz, tranquilidad y construcción de futuro para sus vidas. Como afirma Saray (2013), las madres de Soacha.

Han sido actoras y partícipes de acciones relacionadas con la asistencia, la protección a DDHH, procesos de sensibilización, formación e información, se han configurado como fuentes de incidencia contra la impunidad. Han desarrollado diferentes procesos de formación sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, han logrado organizarse y activar redes de apoyo dentro de organizaciones sociales que trabajan con y a favor de los derechos de las víctimas como el MOVICE, Andas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación de Presos Políticos, entre otros (p. 29).

Este es un aspecto que resulta fundamental en el análisis: la proyección de su lucha política y social, nacional y transnacional, que posibilita la construcción en red entendida como una “coalición flexible de ONG y movimientos sociales” (Kaldor 2011, p. 49) que aúnan esfuerzos por visibilizar y posicionar sus demandas. La gestión y articulación con otras organizaciones, ONG y víctimas defensoras de derechos humanos implica también estar permanentemente en contacto con otras organizaciones de víctimas, tanto de desapariciones forzadas como de mujeres víctimas de la violencia sexual, de niños y niñas, de reclutamientos, de desplazamientos, entre otras, generando escenarios y ambientes propicios no sólo para la reivindicación y denuncia, sino un eje central de su acción basado en la prevención, pues han tratado que en sus entornos inmediatos y a raíz de un hecho como el descrito, según sostiene Saray (2013), puedan:

[…] resignifican sus identidades, sus relaciones, sus prácticas y la forma de interpretar el mundo como una experiencia que apunta a la construcción de una paz sostenible. Viendo en el conflicto y sus dolorosos efectos un motor de cambio y transformación, de crecimiento y construcción, de reconocimiento personal, de validación, de exploración del mundo, mediante el desarrollo de acciones de resistencia (p.33).

En consecuencia, sus acciones se pueden inscribir en lo que Sassen (2003) denomina como “formas de solidaridad transfronteriza” (p. 58), entendidas como conexiones sistemáticas para la conformación de circuitos de supervivencia que en la actual época de globalización están en aumento y son producto de las transformaciones de género en la constitución de subjetividades enmarcadas en grupos de identificación y pertenencia.

En esta articulación con otras organizaciones, es importante rescatar la forma de cooperación (no convencional) presentada entre las madres de Soacha y las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, quienes a manera de solidaridad y desde su condición de mujer y madre deciden compartir su experiencia de organización y movilización femenina en épocas de violencia. Castells (2012) aduce que en el contexto contemporáneo se crean identidades colectivas de resistencia en contra de los efectos excluyentes y polarizantes, que no se han limitado a los territorios locales, sino que han trascendido sus propios límites utilizando algunos espacios abiertos por los procesos de globalización.

Aunque no han sido suficientemente documentados los encuentros y escenarios de solidaridad y las experiencias de las madres de Soacha y Abuelas y Madres de Mayo, no se puede obviar la importancia simbólica de esta clase de ejercicios, no solo desde la óptica de sujetas históricas, sino de las sujetas políticas que lograron transnacionalizar su resistencia en su condición misma de mujer, desde la afirmación de sus cuerpos de madres. Sus escenarios de articulación han sido diversos, uno de ellos fue la Universidad Nacional de Colombia, como lo afirma emotivamente una de sus protagonistas:

Sí, tuvimos una entrevista con la abuela, madre de la plaza de Argentina de Mayo, y [fue] muy bonita, porque ella nos decía ‘hasta ahora ustedes están comenzando y tienen que seguir luchando’, nos decía ella, que eso fue en el simposio que hubo en la Universidad Nacional, que fue la primera vez que yo llegué a pisar la Universidad Nacional. (Mateo 2013, p.27).

Desde otro escenario, para el año 2015 en el marco de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura por la Paz organizada en Bogotá, en la cual participó Estela De Carlotto quien preside la Asociación argentina, a partir del relato compartido en el Panel Madres de la Paz. Crónicas de un camino por la verdad, expresó a las Madres de Soacha que, aunque al interior del movimiento “Somos distintas, venimos de diferentes lugares, culturas, religiones, hay un tronco muy fuerte que es esto de buscar. No nos vamos a separar más, seguimos juntas (y) cuenten con nosotras para lo que necesiten” (El Tiempo, 2015, párr. 8,13). Su llamado estuvo en el orden de motivar a continuar la lucha por la verdad, justicia y no repetición, desde Buenos Aires hasta Bogotá, desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza de Bolívar y pese a que “Me llevo mucho dolor, también me voy reconfortada con ustedes porque esto no es privilegio de ninguna mujer de ningún lugar del mundo, sino de todas las mujeres del mundo” (El Tiempo, 2015, párr.13).

Pero desde luego, no todo ha sido esperanzador en esta experiencia. Las integrantes del colectivo han tenido que sufrir de serias estigmatizaciones, escenarios de revictimización y amenazas constantes producto de su acción política y permanente denuncia contra los gobiernos de turno, tal y como lo registra Mateo en su estudio de 2013. De manera complementaria está el oportunismo e indolencia de la población en general, no sólo por su marcada indiferencia sino también porque durante la búsqueda de los seres queridos “La gente abusa[ba] con eso, nos llamaban y me daban cinco direcciones en los extremos de la ciudad. Juegan con el dolor y hacen un daño físico y psicológico” (Zambrano, s/f. párr.11). Han tenido que modificar sus hábitos, bajo una total incertidumbre frente a la idea de futuro, han recibido gritos, insultos y voces desafiantes. Han sufrido acusadores señalamientos y por ello sostiene una de ellas que:

La lucha no ha sido fácil, pero como madres tenemos la fortaleza y ese amor que nos queda de ellos para seguir luchando, no solamente por nosotras sino por miles de madres, hermanas, esposas, hijas, que están sufriendo este problema en todo el país y que, por miedo, por amenazas o porque no encuentran la forma de cómo hacerlo (Bernal, 2016, párr. 20).

En las más recientes elecciones al Congreso de la República (marzo de 2018), pudo constatarse una vez más la enorme indiferencia e indolencia social, pues incluso en el mismo municipio de Soacha se eligió al partido político que lidera quien en su momento ofendió al colectivo con su lamentable expresión refiriéndose a los jóvenes asesinados, de que “no fueron a coger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde” según registró el periódico El Espectador (2008, párr.3). Sin embargo, se mantiene vigente su lucha contra la impunidad, que ha permitido el acompañamiento internacional en algunos juicios y condenas, y propició “el perdón mediocre” (Zamudio, 2017, párr.15) de Álvaro Uribe.

Pero más allá de estos logros parciales, hay que entender que su cometido fue plenamente logrado al sostener su propia lucha y organización, al manifestarse públicamente en contra del gobierno de entonces y de su política propiciadora de más violencia, así como se logró posicionar en la agenda mediática el tema de crímenes de Estado. Pero también, la transformación de su cotidianidad es un elemento importante a considerar. Cuando se rememora lo que ha sido su historia, no se puede dudar que como lo reconoce Saray (2013),

[…] a raíz de un hecho puntual resignifican sus identidades, sus relaciones, sus prácticas y la forma de interpretar el mundo como una experiencia que apunta a la construcción de una paz sostenible. Viendo en el conflicto y sus dolorosos efectos un motor de cambio y transformación, de crecimiento y construcción, de reconocimiento personal, de validación, de exploración del mundo, mediante el desarrollo de acciones de resistencia (p.33).

O como lo resume una integrante del colectivo, de lo que se trató fue de “[…] dar ejemplo a muchas madres más, de que no tengan miedo, como digo yo, y se organicen como grupos y salgan para que se haga justicia” (Citado en Mateo, 2013, p.30).

Este recorrido muestra cómo la organización del colectivo propició escenarios de participación y resistencia de las madres de Soacha, permitiendo su proyección política nacional e internacional, erigiendo escenarios de socialización de sus experiencias, marchas, exposiciones y conversatorios, propiciando espacios de recuperación de la memoria y, desde luego, formas de acción política contra el gobierno y la política gubernamental de ese entonces. En el siguiente acápite abordaremos este mismo proceso, pero desde la óptica de la construcción de subjetividad. Esto es, los efectos que su participación como integrantes del colectivo pudo lograr en la transformación de sus propias vidas

Lo privado es político. Las madres de Soacha y los efectos de su resistencia

Toda acción política implica una voluntad de cambio, en el sentido de proyectar un estado de cosas como deseable para el futuro individual y colectivo. Las formas de participación han variado en el tiempo y los análisis tienden a destacar los aspectos más procedimentales de la misma: organización, agenda temática, ideología, participación, mecanismos de presión y, cuando corresponde, resultados electorales. Sin soslayar estas miradas, en este último apartado queremos destacar los posibles cambios que han experimentado las integrantes del colectivo madres de Soacha pero desde una perspectiva más personal, esto es, por la manera en que su participación activa y conjunto de reivindicaciones ha contribuido a erigir una nueva forma de estar en el mundo, una nueva subjetividad construida a la luz de sus demandas. Se abordarán algunas reflexiones de carácter teórico que serán encarnadas con la experiencia relatada por las mismas madres en algunas de las publicaciones consultadas.

El pensador francés Michel Foucault es uno de los referentes contemporáneos más interesantes para reflexionar sobre el ejercicio del poder, las prácticas ejercidas desde el Estado y las formas de gobierno que buscan erigir la conducta en el mundo moderno. En estos aspectos y de manera muy general, su lectura se puede caracterizar de dos maneras. Desde una perspectiva bélica o confrontacional, la “hipótesis de Nietzsche” como Foucault mismo la denominó (2000, p. 30), plantea que la guerra es una relación social y la condición de existencia misma de la sociedad, y el poder es una fuerza relacional que atraviesa por igual a dominadores y dominados. Al respecto afirma Foucault (2000) que:

La guerra es el motor de las instituciones y el orden [...]. Así pues, estamos en guerra unos contra otros; un frente de batalla atraviesa toda la sociedad, continua y permanentemente, y sitúa a cada uno en un campo o en el otro. No hay sujeto neutral. Siempre se es, forzosamente, el adversario de alguien. (p. 56).

En esta dinámica, poco importará quién ejerza el poder sobre quién o la orientación de los regímenes políticos pues la dominación es parte de su racionalidad. Por ello:

Ley, poder y gobierno son la guerra, la guerra de unos contra otros. La rebelión, por tanto, no va a ser la ruptura de un sistema pacífico de leyes por una causa cualquiera. Va a ser el reverso de una guerra que el gobierno no cesa de librar.(Foucault 2000, p. 106).

Sin embargo y en eso se puede seguir los planteamientos de Castro-Gómez (2010), este esquema de análisis atrapa a Foucault en un binomio difícil de resolver: dominación-resistencia. Si la dominación también está presente al interior de los dispositivos de resistencia no tendría ningún sentido luchar por construir una sociedad más justa e igualitaria, pues todo tipo de organización social estaría sometido a las mismas fuerzas.

Esto llevó a Foucault (2006) a desarrollar la idea de gubernamentalidad, donde lo importante serán las técnicas de gobierno que se ejercen en un colectivo social (la población), orientadas no solamente a imponer una voluntad sino a crear ese tipo de voluntad. De allí que, en el último periodo del autor, se considerará como forma de resistencia la posibilidad de gobernarse a sí mismo recuperando la concepción general de los clásicos griegos. En esta aparente disyuntiva teórica, se ha considerado una tesis esgrimida por Muñoz (2012) según la cual se presenta cierta complementariedad entre los dos elementos de análisis señalados, creando una nueva acepción denominada gubernamentalidad bélica que permite pensar los derroteros de la guerra contemporánea como una forma específica de gobierno.

Muñoz utiliza su herramienta conceptual para analizar, por una parte, el gobierno de la seguridad democrática, que como se observó antes, se constituyó en la principal política pública esgrimida por el gobierno nacional de entonces, y por otra, pensar el rumbo asumido en la confrontación con la insurgencia como modelo de gestión de la pasión bélica para entender la participación emotiva y entusiasta por parte de la ciudadanía. Esta herramienta teórica también puede considerarse en las concepciones que aceptaron y legitimaron la guerra propiciando escenarios como el de los “falsos positivos”, no sólo eliminando al “enemigo”, sino creando nuevas condiciones de existencia de ese “enemigo”. Sin embargo, algo no coincidió con esta lectura y en lugar de mentes y cuerpos subyugados, obedientes y resignados a los designios políticos del momento, un grupo de mujeres se dieron a la tarea de transformar sus propias condiciones de existencia y erigieron nuevos escenarios de acción y apuesta política. Como lo afirma Luz Marina Bernal, integrante del colectivo:

La madre de hogar las 24 horas ya no existe, la destruyeron totalmente, hicieron un cambio extremo, totalmente de los pies a la cabeza […]; he tenido que recorrer sitios que yo no conocía; he tenido que recorrer calles por una lucha, por mi hijo, que yo nunca había recorrido; he tenido que recorrer departamentos y países que, dentro de mi proyecto de vida, nunca había imaginado […] (Citado en Mateo, 2013, p.20).

Su testimonio invita a reflexionar sobre un hecho particular, pues una acción externa victimizante, abre un campo de acción novedoso que invita a romper con las construcciones culturales más tradicionales que otorgan un lugar ya asignado para las mujeres y circunscrito a la esfera doméstica. Ahora bien, esa esfera es trascendida por nuevas improntas:

[…] doña Luz Marina decide que ya no va a estar más tiempo en la casa, porque va a salir a buscar verdad y justicia. Entonces eso genera también conflictos porque ya no es la mujer que servía el desayuno, que lavaba la ropa, sino que es una mujer mucho más empoderada, pero que eso en Colombia todavía no está bien visto, entonces eso también trae consecuencias […] (Citado en Mateo, 2013, p.20-21).

Precisamente, una condición sobre este ser mujer que en el marco del conflicto armado representa una tragedia doble, pues lleva implícita la discriminación producto de una sociedad machista y patriarcal (el cuerpo como botín de guerra). Pero, además, en este escenario cultural, su misma condición se ve victimizada al ser objeto de violencia sistémica y descargando en ellas el drama de sobrevivir y “sacar adelante” el núcleo familiar, pero también sus apuestas políticas. Lo admirable es que, en medio de esta tragedia social y cultural, las mujeres pertenecientes al colectivo han logrado posicionar y potenciar sus demandas como figuras políticas, han logrado romper el aislamiento de la escena pública y convertirse en sujetas políticas activas. Es precisamente esta condición la que se quiere destacar en este apartado, comprendiendo que el proceso de transformación vivido por las madres de Soacha tiene un vínculo directo con unas nuevas formas de autogobierno según lo plantea Castro-Gómez (2016), y que implica “crear nuevas formas de vida, de relación, de amistad, de individualidad, que se desmarquen del modo en que los cuerpos han sido gobernados por el Estado y la economía” (p. 54). Como se puede inferir de lo anterior, es buscar nuevas formas de gobierno que trasciendan los vínculos más tradicionales, discriminación, sexismo, violencia y exclusión, generando nuevas dinámicas de resistencia y de confrontación multidimensional.

Pero, ¿qué se entiende por resistencia? Desde la perspectiva de García Canclini (2013), se trata de un concepto utilizado en demasía y que por ello ha perdido su fuerza. En este escrito se recupera su potencial transformador y se entiende la resistencia como la posibilidad práctica de transformar el contexto y transformarse, de apropiarse de su sentido y dirigirlo hacia donde lo se considere ético y digno. En ese sentido se trata de una actitud de disenso y confrontación frente al ejercicio del poder y la producción de verdad. En el caso de las madres de Soacha, pasa por la politización de sus vidas y la lucha por develar lo que ocurrió en términos de justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero no se trataría de un estado (algo ya logrado) sino de una “disposición dinámica y crítica” (García Canclini, 2013, p. 14), latente, que remite a contextos históricos específicos y que permite pensar alternativas frente a lo establecido, alternativas que empiezan por un estado de cosas que producen malestar e indignación y también permiten que se “vuelque la percepción, el cuerpo y las pasiones a algo distinto que la dominación” (García Canclini, 2013, p. 16). Se trataría de una experiencia que permite “crear un paisaje inédito de lo visible, nuevas subjetividades y conexiones, ritmos diferentes de aprehensión de lo dado” (García Canclini, 2013, p. 16).

Sin lugar a dudas, las madres de Soacha lograron transformar sus propias condiciones de existencia, modificaron su espacio vital, cambiaron su forma de percibir y relacionarse con el espacio social, político y colectivo: desde el anonimato hacia el posicionamiento de espacios públicos, su construcción como sujetas políticas. Lograron visibilizar sus demandas pero no sólo desde un punto de vista reactivo, también han sido propositivas y han promovido campañas de prevención contra el secuestro y la desaparición adelantadas en colegios y comunidades desde el año 2009, crearon una galería de la memoria con el propósito de reivindicar el buen nombre de los jóvenes asesinados, de recuperar un relato sobre lo que ocurrió y plantear una alternativa a la verdad oficial, la de los vencedores. Pero además han conseguido la politización de su rol como madres, de un rol tradicional como el de ser madres en una sociedad como la colombiana donde ha predominado el cuidado de la casa, ropa e hijos, se ha pasado a la construcción de mujeres empoderadas: luchadoras, resistentes, propositivas y autónomas.

Así lo reconoce una observadora externa al proceso, la delegada de Derechos Humanos y vicepersonera municipal para el municipio de Soacha, Aura Melo, que hace énfasis en esa:

[…] conciencia que van tomando y como esa idea de organizarse, cambian sus vidas frente a la familia […]; son ellas las que tiene que ir a poner la cara, son ellas las que van a los eventos, son ellas las que van a las audiencias […]; eso implica que en sus familias hayan cambios, como por ejemplo, ese tema de machismo, ‘que no puedo salir, que no puedo ir’ y lo siento, el tema de sus hijos, ‘pues usted también tiene que ayudar a cuidarlos porque a mí, me toca estar en esto’, ese tipo de cosas han cambiado mucho en algunos casos (Citado en Mateo, 2013, p. 21).

Desde luego, la confrontación también ha estado permeada por la adversidad y el desánimo. En una crónica a propósito de una movilización en el centro de la ciudad, se destaca la percepción de una de las madres cuando dice que “A veces siento que en estos nueve años no he hecho nada”, y en medio de lágrimas, su acompañante puede reconocer que “Durante estos nueve años en los que se la ha pasado entre juzgados y tribunales, y entre foros estrados, no ha tenido mucho tiempo para acordarse de ella” (Zamudio, 2017, párr. 9). Un olvido de sí misma para un encuentro consigo misma a través del ejercicio político y las demandas de verdad, justicia y reparación. Tiene que ver con el agenciamiento de su condición de mujer, su descubrimiento, su invención, su transformación, es darse su propia forma de gobierno en los términos mencionados.

Otra de las integrantes del colectivo, María Sanabria, reconoce los múltiples vejámenes y discriminaciones de las que han sido objeto sus compañeras, por ejemplo cuando recuerda que:

[…] hay (una) sociedad que nos discrimina […] ‘esta vieja es una mamá de los guerrilleros’, eso a metros, ‘esa es una mamá de los guerrilleros’, porque la gente siempre está pendiente de lo que dicen allá las comunicaciones, pero no se dan cuenta de la realidad. (Citado en Mateo, 2013, p. 22).

Pero pese a ello, mantener su actitud viva y altiva frente al poder central. Ahí radica la fuerza del colectivo y en eso consiste finalmente el carácter de resistentes que se le otorga a esta nueva etapa de sus propias existencias. Se trata de hacer de sus vidas una obra de arte, preparar su cuerpo para la protesta, para un performance de desobediencia como lo retrata Zamudio en su trabajo (2017). Es un bello gesto de encuentro con otros y otras que comparten sus luchas, es un signo de reconocimiento político y social, de acompañamiento, lo que lleva a Saray (2013) a insistir en que:

Las acciones de resistencia desarrolladas por el grupo las Madres de Soacha, aportan a la construcción de paz en tanto generan memoria sobre lo ocurrido, plantean una agenda política basada en la movilización social y la resistencia como forma de exigir sus derechos y de representar a las víctimas de crímenes de Estado. Es también un aporte en tanto es un ejemplo de organización social basado en la superación personal y la transformación de estilos de vida y roles históricamente aceptados que segregan, invalidan y apartan a la mujer de espacios de incidencia social (p. 34).

El compromiso de estas mujeres ha implicado incursionar en espacios que hasta ese momento permanecían imbuidos de dolor y desesperanza, espacios que habían permanecido distantes: el arte y la política. Incluso, se han arriesgado a construir rastros que perduren en el tiempo y que se puedan reproducir, han buscado la forma de componer canciones que no pierdan su ritmo popular mientras alimentan la memoria de dignidad:

Vengo a contarles la historia de los muchachos de Soacha, /que fueron asesinados en el año 2008, en el mandato de Uribe y su ley de democracia. /Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo. Lo que ellos nunca supieron, que fueran víctimas de Estado, siendo ministro de defensa el hoy en día presidente Santos. /El gobierno los llamó los falsos positivos. Como los muertos ya no hablan, fue un negocio bien lucrativo. /Norte de Santander, se bañó con sangre de héroes, mientras que la brigada 15, así cobraba sus ascensos de sus múltiples asesinatos y violación a los derechos. (Cúneo y Gascó, 2014, párr. 8).

El paso del tiempo implica estar sujetos a una realidad particular, realidad que las madres de Soacha han demostrado que no es inmodificable como designio inexorable, y en medio del dolor, levantar un grito de dignidad y reivindicación de derechos que permita modificar las propias condiciones materiales de existencia. Como una histórica cíclica e injusta, se podría terminar con las mismas palabras que dan origen a este artículo, cuando una de las madres de Soacha sostiene que:

[…] la lucha mía, continuará hasta que tenga el último aliento de mi vida. Ese día dejaré de luchar. El día que yo me calle será porque ya no tenga fuerzas. Mientras yo hable, mi hijo estará vivo, estará en la memoria de todo el mundo. Yo parí a mi hijo, pero mi hijo me parió para una lucha, para toda la lucha de un país (Bernal, 2016, párr. 21).