El feminicidio en Ciudad Juárez: una perspectiva jurídica

El delito de homicidio por razón de género en el Código Penal del Estado de Chihuahua

El estado de Chihuahua es una de las entidades federativas de la República Mexicana en donde se han visibilizado en mayor medida los crímenes contras las mujeres, en especial en el municipio de Ciudad Juárez, ciudad fronteriza que colinda con El Paso Texas.

Ciudad Juárez se ha caracterizado como la frontera del tráfico más lucrativo del mundo, como bien lo han precisado:

La existencia de tráfico de drogas, tráfico de cuerpos. Aquella frontera que separa una de las manos de obra más caras del mundo de una de las manos de obra más baratas. Y es esa frontera el escenario del mayor y más prolongado número de ataques y asesinatos de mujeres, con modus operandi semejante del que se tiene noticia en tiempos de paz. (Segato, 2016, p. 20)

Y es que esta ciudad alberga multiplicidades de factores sociales que posicionan a las mujeres en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, Méndez (2010) relaciona la violencia en Ciudad Juárez con el territorio maquilador el cual alimenta la violencia simbólica. En este orden, Vargas (2018) entiende a la violencia simbólica como aquella que permite la naturalización entre lo masculino y lo femenino, en donde la dominación masculina es producto de la violencia simbólica que estructura las relaciones desiguales entre los géneros, pues permite ver el cuerpo de la mujer como un objeto simbólico.

Ahora bien, Méndez ha señalado lo siguiente:

Ciudad Juárez, y, en cierto modo, el territorio maquilador fronterizo, no tiene reglas que vayan más allá de las palabras. En el territorio se ha impuesto la inestabilidad de lo económico sobre la normatividad de lo político. El único principio inquebrantable es hacer exitosos los procesos de internacionalización del capital maquilador en la frontera, y parece que en este empeño poco importan las personas, en especial si son mujeres, y poco o nada se hace en el terreno de la infraestructura para lograr la seguridad ciudadana: todo es pasajero, un alargado presente que no termina por resolverse, un rito de paso, como se viene afirmando, detenido en su etapa liminal; la violencia simbólica no viene del o de los habitus que construyen los actores del territorio, proviene de ese momento desestructurado que vive cualquier sociedad de modernidad subordinada […]. (Méndez, 2010, p. 36)

En este contexto, otros factores que favorecen la violencia de género son las migraciones masivas de las ciudades del sur del país a la ciudad fronteriza, aunque últimamente la migración viene también de países latinoamericanos, convirtiéndose Ciudad Juárez en lugar de transito pues la mayoría de ellos tienen intención de solicitar asilo en Estados Unidos de Norteamérica.

Pues “las razones que motivan esta migración es por la violencia y la falta de condiciones necesarias para vivir dignamente, lo cual impide su libre desarrollo en su lugar de origen” (Aguirre, 2018, p. 2.). Sin embargo, un gran número de migrantes terminan insertándose en el mercado laboral informal de la ciudad toda vez que su proceso migratorio es lento y nada les garantiza la obtención del asilo, incluso hay quienes han desistido al proceso migratorio.

Sumado a lo anterior se encuentra latente el narcotráfico, mismo que viene a insertar en la sociedad la denominada “narco-cultura”, y que para Boira (2015) esto implica estructuras corruptas en el Estado e impunidad, aunado a las condiciones de pobreza que pueden estar detrás de los feminicidios. Elementos que vienen a constituir ese sistema dinámico que en cierta medida ayudan a descifrar este tipo de violencia.

Bajo esos contextos el fenómeno de feminicidio en Ciudad Juárez ha llegado hasta las instancias internacionales como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), quien tuvo conocimiento del Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México (2009), en donde la Corte IDH concluye que las jóvenes asesinadas, fueron víctimas de la violencia contra la mujer que se vivía en esa ciudad fronteriza y que continúa latente hoy en día.

En el presente caso, el Tribunal interamericano evidencio el incumplimiento del Estado mexicano en adoptar medidas necesarias para cumplir con la debida diligencia en asuntos de violencia contra las mujeres. En este orden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) señala que los Estados parte están obligados a adoptar las medidas necesarias que logren una verdadera y oportuna diligencia en asuntos de violencia contra las mujeres. Haciendo especial énfasis, en la importancia de contar con la normatividad adecuada para lograr una protección efectiva hacia las mujeres. Sumado a las políticas de prevención, que analicen los factores de riesgo y a su vez se centren en brindar apoyo de manera inmediata.

Asimismo, los Estados parte deben generar políticas que se centren en identificar a víctimas potenciales en este tipo de violencia. Aunado al resto de las obligaciones contempladas en el Convención Americana y la Convención Bélem do Pará

Lo anterior, nos permite hacer énfasis en que el deber de cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer, incluye la obligación de adecuar el marco jurídico de protección con una aplicación efectiva. Nos detenemos en el marco jurídico toda vez que es importante mencionar que, si bien el Estado mexicano ha realizado un esfuerzo para adecuar formalmente su legislación, fortalecer sus instituciones y realizar diversas acciones orientadas a combatir la violencia por razón de género, lo cierto es que, ha tardado en incorporar la expresión feminicidio al tipo penal, pues en un primer momento únicamente contaba con la agravante prevista en el artículo 126 del Código Penal que señalaba lo siguiente:

Cuando la víctima del delito de homicidio sea del sexo femenino o menor de edad, se aplicarán las penas previstas en el segundo párrafo del artículo anterior.

Si además del homicidio, se cometen en perjuicio de la víctima otros delitos, deberá imponerse pena por cada delito cometido aún y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión. (Código Penal del Estado de Chihuahua, 2006, p.35)

Artículo que fue analizado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiendo en julio de 2016 la tesis: 1a. CCIII/2016 (10a.), bajo el rubro: Homicidio. La agravante prevista en el artículo 126 del Código Penal para el estado de Chihuahua, cuando la víctima sea del sexo femenino, es discriminatoria por no contener el elemento finalista consistente en que el crimen se haya cometido por razón de género.

Por lo tanto, la Suprema Corte (2016) señala que la agravante prevista en el artículo 126 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, que establecía que cuando la víctima fuera del sexo femenino, era discriminatoria toda vez que no contenía el elemento finalista que consistía en que el delito se hubiera perpetrado por razones de género.

En ese sentido la Suprema Corte (2016), determino, que, si bien la citada norma perseguía una finalidad imperiosa, lo cual era garantizar el cumplimiento y respeto del derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y discriminación, la distinción que hacia la norma era basada en una categoría sospechosa de sexo, misma que no estaba directamente conectada con dicho fin. Y por tanto, su formulación resulto sobreinclusiva, por comprender conductas que no están vinculadas necesariamente con privar de la vida a una mujer por razones de género, pero que termina sancionándolas igualmente.

A partir del citado pronunciamiento de la Suprema Corte, el estado de Chihuahua el 28 de octubre de 2017 a través del decreto de reforma al Código Penal del estado incorpora el tipo penal, pero como homicidio de mujer por razones de género, adicionando con ello el artículo 126 Bis y la adición de la fracción XI al artículo 136, quedando redactado de la siguiente forma:

Artículo 126 bis. A quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y la reparación integral del daño. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

II. Antes o después a la privación de la vida, a la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana.

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el activo ejerció sobre la víctima de forma anterior a la privación de la vida, violencia física, psicológica, económica, patrimonial o de cualquier tipo; independientemente de que exista denuncia o haya sido del conocimiento de alguna autoridad.

IV. Por misoginia.

Además, se aumentará de uno a veinte años la pena de prisión impuesta, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Si una servidora o servidor público, aprovechándose de su cargo, interviniere en cualquier etapa del hecho delictivo.

II. Si fuere cometido por dos o más personas.

III. Si fuere cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o una relación afectiva o sentimental de hecho, a sabiendas de esta relación.

IV. Cuando la víctima fuere menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios; estuviere embarazada; sufriere discapacidad física, mental, intelectual o sensorial; o se encuentre en cualquier otra condición especial.

V. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad, laboral, docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.

VI. Si la víctima, por cualquier medio, fue sometida a prácticas que alteraran su estructura corporal con menosprecio al cuerpo de la víctima.

VII. Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del agente, utilizando los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le proporcionen.

VIII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

IX. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en circunstancias tales que pueda ser visto por otras personas.

X. El cuerpo de la víctima sea enterrado u ocultado.

XI. Cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.

Si faltaren las razones de género, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio Artículo 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de las fracciones X y XI del presente artículo:

I a X …

XI. Cuando se cometa por razones de género contra una persona con identidad de género distinta a su sexo. (Código Penal del Estado de Chihuahua, 2017, p.35)

En el caso de Chihuahua, se observa que incorpora el tipo penal como homicidio de mujer por razones de género, y que hasta al cierre de esta investigación deja a un lado la expresión feminicidio, a pesar que, otras entidades federativas si han adoptado el término de feminicidio.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo con los tipos penales algunas entidades federativas de manera enunciativa mas no limitativa.

Tabla 1

El tipo penal de feminicidio en diversas entidades federativas

De lo anterior, podemos observar que los tipos penales varían en las entidades federativas, y que, en relación con el Código Penal del Estado de Chihuahua, otros estados si manejan el término “feminicidio”, mientras que Chihuahua al cierre de esta investigación refiere “homicidio de la mujer por razones de género”, además en el caso del Código Penal de Chihuahua, se manejan más supuestos que agravan la pena, sin embargo no se cuenta con un artículo que sancione a los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, cuando se trate de la investigación de un delito de feminicidio, lo cual si lo contemplan los códigos que a manera de ejemplo se expusieron en el cuadro comparativo que antecedió.

Ahora bien, a partir de estas similitudes y diferencias en los Códigos Penales se debe buscar homologar el tipo penal, para que tenga los mismos elementos y características en todas las entidades federativas, pues en la medida en que se contemple los mismos supuestos normativos, podrá ser visible el feminicidio y con ello se facilitará la investigación y procuración de justicia. Si bien es cierto la penalización no va resolver el problema, si es un insumo necesario para el diseño de una política integral que logre erradicar la violencia de género en la entidad.

La percepción de los juzgadores y fiscales ante el tipo penal de homicidio por razones de género

Para conocer las percepciones de los agentes involucrados en relación de homicidio por razones de género en el Código Penal del Estado de Chihuahua entrevistas semiestructuradas.

Para la realización de las entrevistas se buscaron funcionarios públicos que laboraran en la Unidad de Homicidios de Mujeres por razones de Género de la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas del delito por razón de género, zona norte, y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que laboraran en el Distrito Judicial Bravos (distrito en donde se ubica Ciudad Juárez) y que hubiesen llevado procesos por el delito de homicidio por razones de género. Para ello se realizaron peticiones por escrito a ambas dependencias, teniendo acercamientos con distintos funcionarios.

En un primer momento se abordó la percepción del Coordinador de la Unidad de Homicidios de Mujeres por razones de Género de la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas del delito por razón de género, zona norte, el Lic. Noel Rodríguez Vargas, posteriormente se entrevistó al Magistrado Marco Tulio Cano Corral, de la Primera Sala Penal Regional en el estado.

En la citada entrevista se abordaron distintas áreas, y categorías. En la primera categoría se hizo referencia al término de feminicidio en relación con el homicidio por razones de género, se les pregunto si era conveniente adecuar el término y qué implicaciones conllevaría dicho cambio, Rodríguez refirió lo siguiente: “No hay problema como está tipificado, está bien porque al fin de cuentas se traduce en feminicidio. Independiente de los términos lo importante es hacer una investigación científica, independientemente del término”. (Rodríguez Vargas, Comunicación personal, 1 de mayo 2020). Por lo que el fiscal, refiere que no es necesario el cambio, puesto que el fin es el mismo, y el trabajo de investigación también.

Por otro lado, el Magistrado Cano Corral, cuando se le cuestionó sobre el término de feminicidio, refirió lo siguiente: “Prefiero que se adecue a feminicidio porque se trata de visibilizar de muchas formas y de muchos aspectos, es perfectible hacerle mejoras al tipo penal” (Cano Corral, Comunicación personal, 1 de mayo 2020)

Por otra parte, se les cuestiono a los participantes si se debiesen ampliar los supuestos previstos en artículo 126 bis, y que si sería necesario incluir un artículo que sancionará a los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, cuando se trate de la investigación de un delito de feminicidio. En el caso de Rodríguez Vargas, este refirió en lo que respecta ampliar los supuestos lo siguiente:

Si, considero que debe agregarse cuando la víctima es privada de la vida por su pareja sentimental, porque nosotros lo tenemos como agravante y debiese agregarse para no tener tanta dificultad en la integración de la investigación, eso nos ayudaría porque no podemos encuadrarla en los primeros supuestos, y tenemos que motivar más en el caso y nos vemos más apretados y batallamos para acreditarlo bien, y tenemos que imputarle con el 125 del código penal agravado. (Rodríguez Vargas, Comunicación personal, 1 de mayo 2020)

Asimismo, preciso que le parece adecuado que se agregue un último párrafo en donde se castigue a los funcionarios que fueron omisos y negligentes en su trabajo, pues así lo establece la sentencia del Campo Algodonero.

Por su parte el Magistrado Marco Tulio, refirió que es importante incorporar la sanción a los funcionarios, sin embargo, señalo que la voluntad no está en el discurso si no en el presupuesto, por lo que se requiere mayor personal, en el área de la Fiscalía, precisando: “urgen ministerios públicos y policías, esa es la gran prioridad, hay un rezago de 40 mil carpetas de investigación sin procesar debido a la falta de personal y equipo” (Cano Corral, Comunicación personal, 1 de mayo 2020)

En el área de las experiencias en la investigación y enjuiciamiento, Rodríguez refirió que en los casos de feminicidio casi siempre hay violencia familiar, además señala que en muchas ocasiones se generaliza los homicidios de mujeres por razones de género, agregando lo siguiente:

De los ciento sesenta casos en donde intervenimos el año pasado, solo veintidós fueron feminicidios […] En el 2018 de los cincuenta casos que llevamos, solo dieciséis fueron por razones de género, hay una tendencia a aumentar los números de feminicidios en la ciudad, pero muchos de los homicidios dolosos de mujeres tienen que ver con el consumo y tráfico de drogas. (Rodríguez Vargas, Comunicación personal, 1 de mayo 2020)

En otro aspecto, se les cuestionó a los participantes sobre la pertinencia de agregar a la norma que, para la configuración del delito, no sea necesario que se acredite la personalidad misógina del inculpado, puesto que hay otros códigos penales que, si lo señalan, al respecto precisa Rodríguez que en la práctica en su unidad si se ha acreditado la misoginia:

Si lo hemos acreditado, pero es complejo porque tiene mucha subjetividad, porque el juzgador tiene que tener perspectiva de género porque si no es complicado. En los casos en donde no los vinculan por la personalidad misógina, terminan vinculándolo por otro supuesto. Este complejo, es muy subjetivo y dependemos de amigos y familiares que nos den el antecedente. (Rodríguez Vargas, Comunicación personal, 1 de mayo 2020)

Al contrario de Rodríguez, el Magistrado Marco Tulio, comenta que: “No es complicado la misoginia, ese tipo de expresiones están muy claras, no es tan complicado, es muy sencillo y con cuestiones objetivas” (Cano Corral, Comunicación personal, 1 de mayo 2020)

Por consiguiente, con independencia de si sea o no fácil acreditar la conducta misógina del inculpado, esta no resulta ser necesaria para configurar el tipo penal, toda vez que se cuenta con múltiples supuestos que se pueden acreditar sin mayor dificultad.

De las percepciones de los participantes se concluye, que el tipo penal es perfeccionable, pero sobre todo es indispensable que la voluntad legislativa, vaya acompañada de brindar mayor presupuesto para equipar a la Fiscalía, pues de nada sirve un cambio en el papel, si el área operativa no es eficaz.

Incluso es necesario que se atienda la prevención el delito de violencia familiar pues como bien se refiere, este delito suele ser la antesala del feminicidio. Por lo que se requieren políticas integrales, que atiendan la prevención, la investigación y la sanción.